LO ESENCIAL EN 30 SEGUNDOS
- Presentado el 29 de octubre, el S10731 exigiría a los grandes desarrolladores contratar un «frontier examiner» independiente y con licencia estatal para auditorías anuales y evaluaciones de riesgo catastrófico cada 90 días.
- Las empresas informarían cada trimestre de qué parte de su investigación en IA está automatizada y comunicarían en 72 horas cualquier aumento sustancial del riesgo.
- Una nueva oficina estatal, DIGIT, podría limitar el cómputo usado para entrenar modelos nuevos, y las multas llegarían a un millón de dólares diarios por una primera infracción.
El 29 de octubre, el senador estatal Andrew Gounardes y el asambleísta Jordan Wright presentaron el proyecto S10731, que modifica la Responsible AI Safety and Education (RAISE) Act. Esa norma, que entra en vigor en enero de 2027, obliga sobre todo a los grandes desarrolladores a publicar marcos de seguridad y a notificar incidentes graves. El nuevo texto solo ha sido presentado: el sitio del Senado lo sitúa en la Comisión de Reglas y no se ha votado.
Examinadores externos y plazos cortos
El núcleo de la propuesta es la supervisión por terceros. Los grandes desarrolladores tendrían que contratar a un «frontier examiner» independiente con licencia del estado. Según el comunicado del Senado, este examinador auditaría cada año si la empresa cumple su propio marco de seguridad, haría evaluaciones más amplias y emitiría cada 90 días una valoración del riesgo catastrófico. Los informes llegarían al estado y se harían públicos, y el examinador debería avisar a las autoridades en 72 horas ante una emergencia.
Además, los desarrolladores informarían cada trimestre de cuánta de su investigación en IA está automatizada y de cómo usan el cómputo. Cualquier salto sustancial del riesgo o de la capacidad de un modelo para automatizar la investigación debería comunicarse en 72 horas.
Nuevas facultades para el estado
El proyecto crea la Office of Digital Innovation, Governance, Integrity and Trust (DIGIT), que podría limitar la potencia de cálculo que un gran desarrollador dedica a entrenar modelos nuevos o a la investigación automatizada, y fijar normas mínimas vinculantes para los marcos de seguridad. La Fiscalía General podría pedir a un tribunal que detenga una actividad peligrosa, incluida la restricción del despliegue de un modelo en Nueva York.
La ley abarcaría a las empresas que gasten más de 1.000 millones de dólares en desarrollo de IA en tres años, con umbrales de cómputo alineados con los de la Unión Europea. Según el análisis de la jurista Elena Gurevich, el umbral bajaría de 10^26 a 10^25 operaciones. La definición de incidente crítico se ampliaría a modelos que eluden los controles de su desarrollador y a casi accidentes. Las multas alcanzarían un millón de dólares diarios por una primera infracción y tres millones por las siguientes, y la protección de denunciantes se extendería a los empleados de estas compañías.
Los promotores presentan el texto como respuesta a la inacción federal; Alex Bores, autor de la RAISE Act, describió la ley vigente como «el suelo, no el techo». PYMNTS señala que, de aprobarse, ampliaría la distancia con el Gobierno de Trump, que ha intentado limitar la regulación de los desarrolladores de IA. No constan reacciones de las empresas del sector.